La UAB demuestra que se puede avanzar en la movilización de las viviendas vacías para usos sociales


consellPrensa Consell Comarcal .- A partir de ahora los ayuntamientos cuentan con una nueva herramienta para afrontar la movilización de viviendas vacías para usos sociales. El Consejo Comarcal del Vallès Occidental ha puesto a disposición de los consistorios un Dictamen jurídico sobre el régimen legal de las viviendas vacías y las medidas que pueden tomar las administraciones locales. Este dictamen jurídico se ha elaborado por encargo del Consejo de Alcaldes para poder interpretar todo el marco normativo relacionado de la aplicación de las leyes 1/2015 y 24/2015 y que garantice a los ayuntamientos de la comarca un punto de partida para sus servicios jurídicos. El documento incorpora también los preceptos jurídicos de la nueva ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Los trabajos han contado con el apoyo de la Diputación de Barcelona.

En la presentación ha asistido Ignacio Giménez, presidente del Consejo Comarcal del Vallès Occidental; Pol Altayó, consejero comarcal de Vivienda, Joan Amenós, profesor titular de Derecho Administrativo en la UAB y Juan Emilio Nieto, profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El documento ha sido elaborado por el Servicio de Estudios y Dictámenes Jurídicos de la Facultad de Derecho (SEDIJ) de la Universidad Autónoma de Barcelona por encargo del Consejo Comarcal del Vallès Occidental y con el apoyo de la Diputación de Barcelona. El Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental en su sesión de 2 de febrero de 2016 adoptó varios acuerdos relativos a la situación de emergencia habitacional y la pobreza energética. Fruto de estos acuerdos, el Consejo Comarcal ha llevado a cabo diferentes actuaciones. Y una de estas es la elaboración del documento que hoy se ha presentado.

Este “Dictamen sobre el régimen legal de las viviendas vacías y las medidas que pueden tomar las administraciones locales”, quiere ser una herramienta de apoyo para los ayuntamientos a la hora de afrontar la gran existencia de viviendas vacías en los pueblos y ciudades de la comarca . El documento asegura que existe un amplio abanico de instrumentos para hacer disminuir el actual exceso de viviendas vacías y que legalmente, ya es posible avanzar, a través de múltiples fórmulas, en la movilización de estas viviendas.

Este texto incluye, como aspecto a tratar específicamente, la detección de la vivienda vacía (mecanismos, procedimientos y marco jurídico) con el objetivo de su movilización, pero también contempla el marco legal de otras medidas.

El presidente del Consejo Comarcal y alcalde de Castellar, Ignacio Giménez, explicó que “este dictamen nos permite ordenar y coordinar mejor las actuaciones del mundo municipal para poder resolver esta anomalía que es tener más de 7.600 viviendas vacías en manos de grandes tenedores . Si pusiéramos estas viviendas al mercado de alquiler actuaríamos sobre el calentamiento del mundo inmobiliario y la escalada de precios del alquiler, y también sobre el problema de las ocupaciones “.

También remarcó que “gracias al camino que iniciaron los ayuntamientos para sancionar a los grandes tenedores han alcanzado convenios entre estos y la Agencia Catalana de Vivienda. Pero no nos basta con estos convenios, desde los ayuntamientos no nos conformamos con eso. Lo que el dictamen nos dice es que la vía sancionadora puede continuar y lo que queremos es que los pisos vacíos los podamos destinar a la situación de emergencia habitacional que estamos teniendo “.

En esta línea, el consejero comarcal de Vivienda, Pol Altayó, afirmó que “es el mundo municipal el que inició el procedimiento de movilizar pisos vacíos y los que se encontraron con los problemas para hacerlo. Lo que queremos es que los 23 municipios de la comarca dispongan de los instrumentos para hacerlo y cómo los han de aplicar. Más allá del listado de instrumentos, lo más importante es cómo aplicarlos y facilitar el procedimiento a los ayuntamientos “.

Líneas del dictamen

El profesor titular de Derecho Administrativo de la UAB, Joan Amenós, destacó “la colaboración absoluta de los ayuntamientos y del Consejo Comarcal para su elaboración. Ha afirmado que “la vivienda vacía en sí es una disfuncionalidad, es un mal para la ciudad. Por lo tanto el punto de partida del Dictamen es que la vivienda vacía es una anomalía “. Ante ello destacó tres aspectos “para atacar” esta “anomalía”.

Por un lado, “la Ley de vivienda de 2007 prevé requerimientos de empleo con multas, que es una línea que iniciaron, por ejemplo, Terrassa y Sabadell y esta línea debe seguir”. “En segundo lugar también se prevé la línea de la expropiación temporal, pero una expropiación siempre tiene un coste económico y se debe hacer siempre este análisis económico”.

Pero Amenós asegura que “la tercera medida que a largo plazo creemos que es la que quedará es que el edificio vacío tributará más. Ya hay una previsión a nivel estatal de un recargo en el IBI pero aún no se ha puesto en marcha “.

En este sentido, el consejero comarcal de Vivienda, Pol Altayó ha destacado que “el objetivo no es imponer sanciones sino que se movilicen las viviendas vacías. Si los grandes tenedores están decididos a dar un uso social no llegaremos a la sanción “.

El dictamen también apunta que “en la SAREB, como cualquier otro gran tenedor, también se le puede reclamar el derecho a la vivienda aunque esté a la venta y por tanto también se les puede iniciar expediente para sancionar si no lo facilitan para un alquiler social. Esta es una cuestión nueva y debemos ser capaces de ponerlo en marcha “, explica Ignacio Giménez.

Pisos vacíos y familias sin casa

En el Vallès Occidental hay más de 7.600 viviendas de grandes tenedores que están vacíos. De estos, según los cálculos comarcales, más de un 30% estarían ocupados. A estos datos hay que sumar los pisos de pequeños propietarios que también están vacíos y en muchas ocasiones son ocupados. Estos datos han constatado la alerta que desde los municipios hace tiempo que venimos anunciando: mientras hay familias con grandes dificultades para acceder a una vivienda digna, hay miles de pisos desocupados y en manos de grandes tenedores que no ponen facilidades para poder destinar las viviendas a los usos sociales que se necesitan actualmente.

Y es que la pérdida de vivienda ha emergido como un gran problema social en los últimos años. Según el estudio “Desigualdad y pobreza en el Vallès Occidental”, elaborado por el Observatorio comarcal, en el año 2016 se produjeron un total de 1.256 desahucios en la comarca, una cifra superior a la media catalana y con grandes diferencias territoriales. Y todo ello, al tiempo que el precio medio del alquiler incrementa desde el año 2014, y oscila • lante ya entre los 500 y los 700 euros mensuales en la mayoría de municipios.

Otras actuaciones hacer favorecer la recuperación social de los pisos vacíos en la comarca

Aparte de la elaboración de esta herramienta jurídica por los ayuntamientos, el Consejo Comarcal trabaja en diferentes frentes para favorecer la recuperación de la función social de los pisos vacíos. Siguiendo los preceptos del Consejo de Alcaldes, en el marco de la Comisión Técnica Mixta Vivienda-Servicios Sociales se ha trabajado con representantes de los ayuntamientos co-capital de la comarca la valoración de una mesa de trabajo comarcal con grandes tenedores de vivienda vacío. El objetivo es crear un espacio supra-local para el fomento de medidas de aumento del parque social de viviendas asequibles de alquiler, evitando la exclusión residencial, y para la participación y consenso en el diseño de los protocolos de actuación en casos de vivienda vacía y ocupaciones irregulares.

También se está trabajando en la elaboración del documento que recogerá las conclusiones presentadas al final de la “Jornada sobre las ocupaciones irregulares de vivienda vacía para la orientación de la acción pública la Barcelona” y que servirán como elementos clave para el inicio de los trabajos para la elaboración de un “Protocolo comarcal para la actuación municipal en casos de ocupación irregular de viviendas”.

En todos los casos, la voluntad de este Consejo Comarcal es disponer de herramientas y elementos que permitan que la comarca recupere viviendas para uso social y pueda garantizar a los ciudadanos el derecho a la vivienda digna.

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