El Gobierno municipal lamenta que el TC deje en suspenso la Ley de Emergencia Habitacional


ViviendaNota de Prensa.- El Gobierno municipal manifiesta su indignación por la resolución de suspensión publicada esta mañana, donde el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso la nueva Ley 4/2016 de Emergencia Habitacional, aprobada por el Parlamento de Cataluña en diciembre de 2016, que permitía utilizar de forma temporal las viviendas vacías procedentes de entidades financieras y grandes tenedores para potenciar su uso social mediante una expropiación temporal. La teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas, Lluïsa Melgares, ha manifestado su rechazo a esta decisión, ya que “la ley permitía hacer un uso temporal de estos pisos, que se encuentran en situación de abandono, para dar solución a la falta de vivienda de alquiler social de familias de la ciudad, evitando al mismo tiempo futuras ocupaciones con lo que ello representa: viviendas en precario, problemas comunitarios, etc “. En este sentido, Melgares califica de “despropósito” una medida que “permitiría a las administraciones locales trabajar en un modelo social que protege a las personas en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento provocado por una crisis financiera, de la que muchas familias todavía no han salido. Además, protegería la ciudad de los problemas que generan los pisos vacíos, propiedad de entidades bancarias, que se encuentran en situación de abandono: problemas como pueden ser humedades o riesgo de incendios, pero también problemas de cohesión, problemas de convivencia y de planificación de ciudad “.

La suspensión de la ley, consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del Estado del artículo 161.2 de la Constitución, durará al menos cinco meses, “un tiempo muy valioso para los procesos de expropiación que se están trabajando desde los servicios técnicos y los acuerdos que se estaban logrando “, valora la teniente de alcade.

Uso de viviendas vacías

La nueva ley aprobada por el Parlamento de Cataluña permitía utilizar de forma temporal las viviendas vacías de entidades financieras y grandes tenedores, a fin de potenciar su uso social mediante la expropiación temporal. Asimismo preveía que las entidades bancarias y grandes propietarios ofrecieran viviendas en régimen de alquiler social a familias vulnerables, propuestas por la administración, que estuvieran en trámites de desahucio. Esta ley, pues, recogía la voluntad del gobierno local de evitar desahucios sin alternativa posible.

Desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha liderado un plan de trabajo relacionado con la situación de las ocupaciones en la ciudad. De este modo, se ha sistematizado un análisis semestral de las ocupaciones, en colaboración con el Servicio de Políticas Sociales de Vivienda y las principales entidades bancarias, en que se han establecido diferentes protocolos de actuación con todos los servicios municipales y los agentes implicados. Este trabajo conjunto ha permitido, en el último año, reducir a cero los desahucios hipotecarios procedentes de entidades financieras, así como los casos de pérdida de vivienda sin ninguna alternativa habitacional.

Una de las prioridades políticas del Plan de Mandato 2015-2019 es garantizar la calidad de vida, la justicia social y el bienestar para todos. En esta prioridad se enmarca la voluntad del equipo de Gobierno de continuar liderando la lucha por la efectiva función social de la vivienda y contra la pobreza energética.

Foto archivo Terrassa en la Mira

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