El Consejo de Alcaldes se centra en temas de emergencia social como la energía, el agua, la vivienda y la educación


El Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental, formado por veintitrés tres alcaldes de los diferentes municipios de la comarca, se ha reunido este mediodía en una sesión celebrada en la Sala de Plenos del Consejo Comarcal. La sesión se ha centrado en temas de emergencia social que afectan plenamente la ciudadanía como el precio del agua, el acceso a la energía, la vivienda y la educación.

El Consejo de Alcaldes alerta de la falta de vivienda pública para emergencias sociales, y que sólo el 25% de las viviendas cedidas por entidades financieras se entregan efectivamente a nuevas familias en situación de emergencia.

El Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental ha tomado diferentes acuerdos en torno a las problemáticas de emergencia en la vivienda y la existencia de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores. La Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante convenios de colaboración con diversas entidades financieras, ha conseguido que se cedan temporalmente unos 4.600 viviendas vacías para fines sociales. En el Vallès se han entregado actualmente 260, poco más de la mitad del total contabilizado (496). Y de estos, sólo 130 han acabado siendo entregados efectivamente a nuevas familias con necesidades sociales. Muchas de las viviendas que se entregan se encuentran ocupados o no están en condiciones para ser utilizados efectivamente.

En la sesión de hoy, ha aprobado el requerimiento a las entidades financieras con gran número de viviendas vacías la necesidad de suscribir nuevos acuerdos y la puesta en marcha de estas viviendas de acuerdo con las demandas sociales existentes. Se requiere también la facilitación de datos por parte de la Agencia de Vivienda al Consejo Comarcal para disponer de un sistema de información continua a nivel comarcal, así como la participación del ente a las reuniones de seguimiento.

El Vallés Occidental pide una revisión de precios del agua y muestra el desacuerdo en el incremento impuesto por el Estado Español

El órgano ha aprobado pedir la revisión y congelación de los precios que la Agencia Catalana del Agua (ACA) aprobó a finales del año pasado pe imposición del gobierno del Estado, con un incremento del 11, 8% en la tarifa del agua para el año 2018. Se aprobó con la oposición de la Federación de Municipios de Cataluña, asociaciones, consumidores y otras entidades. Este incremento tiene un impacto directo en el recibo del contribuyente, y afecta a 90 municipios de la demarcación de Barcelona. La comarca del Vallés Occidental, junto con el Vallès Oriental, serán las que más notarán la subida, con un incremento final al consumidor de entre un 4% y un 6%.

El Vallès Occidental pide una mesa de diálogo para resolver la financiación de las guarderías municipales

En la sesión celebrada esta mañana ha aprobado el acuerdo que pide al Gobierno de la Generalidad de Cataluña el cumplimiento de la ley que regula la financiación de las guarderías municipales, y que cubra, como mínimo, un módulo económico de 1.600 euros por plaza y año.

Ante el incumplimiento de esta financiación por parte de la Generalitat, se quiere instar a la creación de un órgano que vele por el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la que se pide a la Generalitat pagar las subvenciones de tres cursos a los ayuntamientos que no han recibido las aportaciones económicas correspondientes según la ley en esta materia, afectando directamente a los presupuestos municipales y la garantía del derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, la convivencia y la diversidad.

Los Alcaldes hacen frente común para defender la ley 24/2015 como una herramienta que ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro en Cataluña, y una norma que es totalmente vigente en pobreza energética y que protege a las familias vulnerables y evita cortes

El Consejo de Alcaldes ha manifestado su desacuerdo con el Real Decreto 897/2017, que ha puesto sobre la mesa nuevas contradicciones legales en la lucha contra la pobreza energética. Este decreto supone un aumento de la presión a la administración local para proteger a los consumidores en riesgo de exclusión social, y puede generar un impacto negativo de más de un 40% a la población atendida por pobreza energética. A diferencia de otras normas existentes en torno al suministro energético en Cataluña, el Real Decreto contempla cortes de suministros.

Desde este órgano ha acordado seguir trabajando por el compromiso de las compañías eléctricas para el logro de un fondo sociales que ayude a evitar cortes de suministro. También se quiere instar al Estado a regular los precios de la energía, considerando que las compañías eléctricas deben tener obligación de servicio público.

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