La comarca organiza una sesión informativa ante el nuevo bono social de suministro eléctrico


El Consejo de Alcaldes del Vallès Occidental ha puesto recientemente sobre la mesa contradicciones legales ante el nuevo Decreto Real 897/2017 en la lucha contra la pobreza energética y en el que se incluye el nuevo bono social. Este decreto supone una nueva presión a la administración local para proteger a la población en riesgo de exclusión social, y deja los ayuntamientos y los consumidores / -as en una situación de vulnerabilidad. El Consejo Comarcal ha celebrado una sesión informativa sobre la estructura y el funcionamiento del nuevo decreto dirigida a los técnicos de los ayuntamientos de la comarca.

Este órgano ha presentado recientemente un acuerdo para hacer frente común del mundo local para defender la ley 24/2015 como una herramienta que ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro en Cataluña y que protege a las familias vulnerables evitando cortes. También se quiere instar a la Generalitat a desarrollar el artículo 6 de la ley 24/2015 para poder exigir a las compañías sentarse en una mesa de negociación, así como la firma de convenios con las empresas suministradoras para quitar la deuda a las familias.

En este marco, la comarca ha comenzado a formarse ante el nuevo decreto mediante una sesión informativa que ha contado con la intervención de Ramon Albornà, de la Subsección de Gestión de Recursos para los Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona. Han asistido técnicos provenientes de varios ayuntamientos de la comarca y del propio Consejo Comarcal. Han debatido sobre las estrategias de trabajo que se están llevando a cabo y la búsqueda de puntos de acuerdo en trabajar conjuntamente que se trasladarán a la Mesa Técnica Comarcal de Gestión Energética Social.

La nueva regulación del bono social, que se aplica en forma de descuento sobre la tarifa del suministro eléctrico, puede excluir más de un 40% de la población atendida por pobreza energética. Además, supondría un coste adicional para las administraciones locales, que estarían obligadas a asumir el 50% del precio total de los suministros básicos para que los consumidores más vulnerables puedan beneficiarse de la bonificación del 100%.

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