No solamente es la mayoría de ciudadanos la que considera en Terrassa innecesaria la politización de la gesión del agua, a la que llaman “municipalización”. Los primeros ejemplos, como los que nos vienen de Valladolid, hablan a las claras de la inconveniencia de la burocratización del servicio que implica multiplicar los actores y por último, ha sido la Generalitat la que comienza a poner obstáculos.

Así lo informa este miércoles la prensa nacional. Economía digital, por ejemplo, daba a conocer que La Generalitat pone en duda la legalidad del proceso de municipalización del servicio del agua en Terrassa. En un escrito dirigido al secretario del ayuntamiento, la Dirección General de Administración Local de la Generalitat, que dependen de la consejera Elsa Artadi, advierte de que el alcalde socialista Alfredo Vega se ha saltado algunos trámites de obligado cumplimiento.

Esta dirección general recuerda al Ayuntamiento de Terrassa que no han tramitado los preceptivos informes de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, según informa Expansión.

Sin embargo, el Ayuntamiento niega que sea necesario un informe de la ACCO que avale la explotación del servicio en régimen de monopolio. En el pleno del pasado mayo, el consistorio nombró a los cuatro concejales que formarán parte de la nueva empresa pública que se encargará del servicio del agua: Marc Armengol (PSC), que será su presidente; Xavier Matilla (Terrassa en Comú), vicepresidente; Miquel Sàmper (Pdecat) y Carlos Caballero (ERC). Las únicas formaciones que votaron en contra, PP y Ciudadanos, quedan fuera de este órgano.

El consejo de administración de la nueva Terrassa Cicle del Aigua EPEL tendrá once miembros: los cuatro concejales citados a nombre de los otros 23 que representan a sus partidos que los incluyó en listas cerradas, cuatro técnicos, uno del comité de empresa y solo dos representantes de los 220.mil  usuarios, sin que nadie nos diga si esta representación se hará por votación universal o como lo manda la interpretación ‘antojadiza’ de la democracia, a dedo.

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