Prensa CECOT.- El pasado jueves tuvo lugar la sesión de debate y aprobación final del Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores en el Congreso. Desde el punto de vista de diferentes organizaciones empresariales catalanas, el texto del RD en su conjunto es positivo, abre nuevas vías de generación eléctrica renovable, incluye medidas para favorecer el autoconsumo y también liberaliza la recarga de vehículos eléctricos. Sin embargo el redactado propone un nuevo cambio de tarifas de alta tensión que, sin ningún tipo de criterio técnico, deja en desventaja competitiva 4.450 empresas en España, 3.277 de ellas ubicadas en Cataluña y el resto, principalmente entre Aragón y Extremadura.

Diferentes organizaciones empresariales catalanas pidieron a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y los diputados catalanes con representación parlamentaria que se pudiera corregir la aplicación del cambio de tarifa eléctrica durante el trámite parlamentario antes de que se efectuara la votación del jueves pasado. Las organizaciones recuerdan que el cambio de tarifas de alta tensión que convierte la 6.1b (consumidores conectados entre 30 y 36KV) en Tarifa 6.2 supone un sobre coste de 300M de euros anuales a estas 3.277 empresas catalanas que están conectadas a 25 KV.

Durado la sesión de debate y votación, la Ministra Rivera reconoció el agravio existente en el caso del cambio tarifario y expresó la voluntad del Gobierno actual de devolver las competencias para la fijación de tarifas de distribución eléctrica en la CNMC, como autoridad competente para hacerlo. Las organizaciones empresariales catalanas que trabajan desde hace dos años para evitar la repercusión del agravio del cambio tarifario han recibido con cierta satisfacción la voluntad del Gobierno expresada por la Ministra Rivera aunque esperaban que el texto del RD 15/2018 hubiera incorporado la modificación por escrito antes de su aprobación en el Congreso. A partir de ahora, harán un seguimiento directo del trámite parlamentario de esta ley para que se pueda corregir el cambio tarifario en alta tensión que solicitan.

El cambio que pidieron las organizaciones empresariales es sencillo, se trata de incluir a la tarifa 6.2 las empresas con nivel de tensión de peaje a partir de 25kV.

La reivindicación de las organizaciones empresariales viene de lejos y tiene como base la Plataforma Wv25 / 30 que cifró, en el año 2016, en 5.800 las empresas que estaban sometidas a las tarifas 6.1A y 6.1b. El cambio a la tarifa más reducida 6.2 beneficiará tan solo a unas 1.200 empresas que obtienen una ventaja económica consistente en la reducción del coste del suministro eléctrico. Si partimos de los precios de electricidad registrados en 2016, las empresas beneficiadas reducirían aún más el coste del MWh en un 43%. Según informaciones proporcionadas por los propios medios de comunicación, la medida puede suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales a estas empresas conectadas entre 30 y 36KV y que pasarán a tarifa 6.2.

“Lo más grave de esto es que este criterio tarifario lo decidió el Gobierno anterior, sin ninguna base técnica para justificarlo y habiendo sacado las competencias a la CNMC quien interpuso una denuncia contra el Gobierno español ante el Tribunal Supremo por vulneración de competencias en la fijación de los precios de peaje a finales de 2017 “, alegan las organizaciones empresariales.

Por todo ello, las entidades ya pidieron el mes pasado al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que devolviera las competencias en la fijación del precios de peaje en la CNMC y que se corrigiera el nivel de potencia de conexión en el cambio de tarifa hacia la 6.2.

Y ahora, las mismas entidades se han dirigido hoy por escrito a todos los diputados y diputadas catalanes en el Congreso para que voten en contra de este RDL si no se corrige el redactado durante estos días de trámite parlamentario.

Antecedentes

Las organizaciones empresariales AEPCRO-Asociación de Empresas y Propietarios de Can Roqueta, Cecot, CEDAC-Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña, Centro Metalúrgico, Confederación Catalana de la Madera, Federación Empresarial del Metal,

Gremio de Talleres de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios de Sabadell y Provincia de Barcelona, ​​el Instituto Industrial Textil, RETAILcat-Unión de empresas del Retail en Cataluña y la Unión Empresarial Metalúrgica, son asociaciones empresariales que aglutinan y representan los intereses de más de 50.000 empresas, de las cuales 500 son industrias usuarias de los servicios de electricidad afectados por la medida que impugna la misma denuncia, los sectores textil, metal, químico, madera y distribución. En estas empresas el consumo energético y, especialmente el de electricidad, tienen una importancia estratégica ya que supone una parte relevante de los costes industriales y por tanto de los gastos de explotación.

Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas tienen que soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica. Esta es una discriminación que el sector empresarial ya ha denunciado reiteradamente sin que se haya implementado ninguna medida correctora por parte de los diferentes Gobiernos; es más, no sólo no se ha procurado corregir esta desigualdad sino que ahora la nueva reforma, lejos de igualar las condiciones en que las empresas deben competir, agrava aún más esta desigualdad existente.

Las entidades informaron el mes pasado, por escrito, el nuevo Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de la denuncia por Ayudas de Estado que interpusieron de forma conjunta, a instancias europeas, en relación a la actuación del Gobierno de España en la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde el 2014. las entidades anexaron también las comunicaciones realizadas con la Dirección General de la Competencia de la CE con el objetivo de poner al corriente de esta gestión al nuevo ejecutivo de Sánchez, así como reiterar la necesidad de resolver un problema de agravio comparativo entre empresas que, sin fundamentación técnica, está afectado directamente la competitividad de una parte de estas empresas.

El pasado mes de junio, las organizaciones empresariales pidieron a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea incluir en el expediente de investigación el hecho de que los presupuestos del Estado para 2018, aprobados por el Congreso y pendientes de ratificar por Senado, está prevista una partida que las entidades sospechan que está destinada a compensar la reducción de ingresos que supondrá la medida de reducir el coste del peaje 6.1.b. A criterio de los demandantes, este hecho evidencia claramente la ayuda de Estado.

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea ha confirmado, en su documento de respuesta a la última demanda de las entidades empresariales, que la CE ha incoado un procedimiento de infracción contra las autoridades españolas por incumplimiento de las disposiciones de la Directiva sobre la electricidad que hace referencia, entre otros aspectos, a la autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad. De hecho, la Comisión Europea ya tiene abierto un procedimiento de infracción a España por no respetar la independencia del órgano regulador relativa a la incorrecta aplicación en España de la Directiva 2009/72 / CE, de 23 de julio, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Por su parte, la CNMC interpuso, ante el Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el RD 903/2017 por el que se traspasa funciones importantes alMinisteri que antes eran ejercidas por la CNMC.

Entre otros artículos, se impugna el artículo 3, apartado 1 d) que atribuye al Ministerio la función de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones. Esta función ya había sido previamente sacada de la CNMC mediante la Disposición final cuarta de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, con la que se aprovechó para modificar el artículo 16.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a efectos de atribuir de forma expresa al Gobierno estatal y no a la CNMC, la competencia para establecer la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución eléctricas .

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