Prensa Cecot.- Tanto la OCDE, como el WEF prevén en su informe del mes de septiembre que el impacto mundial de las tecnologías destruirá 75 millones de puestos de trabajo al tiempo que generará 133 millones en el horizonte 2022. Y alerta que la respuesta sólo estará al alcance de los territorios que prioricen la formación y la educación. Es por este motivo que la patronal catalana no entiende la actitud del Gobierno en los últimos años que parece ir en el sentido contrario a todas las recomendaciones a nivel internacional y que, al mismo tiempo, impacta negativamente en la competitividad empresarial, dificultando la formación continua y la calificación de las plantillas.

Desde la Cecot se recuerda que la aportación de empresas y trabajadores a los fondos de formación fue un acuerdo resuelto entre patronales, sindicatos y donde también participó el Gobierno por entender que la formación de los trabajadores durante la vida laboral es un elemento de competitividad y de mejora de nuestro mercado de trabajo. “Pero no es un impuesto”, recuerda Antoni Abad, presidente de la Cecot, “el hecho de que esta aportación de empresas y trabajadores se haga por la vía de la Tesorería de la Seguridad Social es porque es un buen instrumento de gestión para la recaudación de los fondos. Pero hay que recordar que no es un ingreso de libre disposición para la administración dado que se trata de fondos finalistas “.

Según los datos del Balance de Resultados de 2014 publicados por la Fundación Tripartita el coste medio de financiación en formación por trabajador para este mismo año fue de 1.248,5 €. En 2014 fue, precisamente, el último año en que se ejecutó el presupuesto de formación estatal casi al completo. Si dividimos los 5.000m € de deuda acumulada en fondos de formación reconocidos por las Administraciones, entre el coste de formación de una persona trabajadora, el resultado proyecta un déficit de formación en más de cuatro millones de personas (4.004.805,77 alumnos / as).

La Cecot ha solicitado por escrito al Tribunal de Cuentas que actúe de oficio, mediante su Sección de Fiscalización, para hacer efectiva una verificación contable y de la gestión económica realizada por el Ministerio de Empleo para garantizar la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia, economía y transparencia en el uso y aplicación de los fondos provenientes de la cuota de formación profesional.

La denuncia sobre un uso indebido, por parte del Gobierno, de los fondos para la formación continua que aportan empresas y trabajadores tiene su origen en la demanda que la patronal Cecot inició por la vía del Síndic de Greuges de Cataluña en 2016 y que en los últimos tres años ha derivado al Defensor del Pueblo que está verificando y requiriendo del Ministerio de Empleo los datos necesarios para esclarecer el destino final de los fondos de formación que no se han aplicado para su finalidad.

Las organizaciones empresariales y sindicales elevan cerca de 5.000m € los fondos que se han destinado a otros fines distintos a la formación continua y que en 2017 el Ministerio de Empleo se comprometió a reprogramar ante la petición del Defensor del Pueblo. En un contexto de paro elevado, incluyendo el paro juvenil, y donde las empresas tienen cada vez más dificultades o para encontrar personas cualificadas o para recalificar a las plantillas actuales, no es de recibo que existan unos remanentes crecientes de fondos finalistas, que no quedan reflejados con la claridad necesaria a los presupuestos del sistema de formación o, lo que es peor aún, que puedan estar aplicando a otros fines, como lo ha llegado a reconocer expresamente la Administración encargada de su gestión.

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es conocedor de esta problemática detectada ya en 2012, y de las continuas reclamaciones por parte de patronales y sindicatos para que el Gobierno diseñe, junto con los agentes sociales, un modelo moderno y eficaz de la formación profesional continuada que mejore la Gobernanza de manera que los agentes participen plenamente, con voz y con voto, en el diseño, planificación, control, seguimiento y evaluación del sistema de formación, en la línea de los países más desarrollados de Europa, tal y como se explicita el Libro Blanco sobre la formación en el trabajo impulsado por la CEOE. “Y todo ello, respetando de una vez por todas las sentencias del Tribunal Constitucional y las recientes recomendaciones de la Defensora del Pueblo, dotando al sistema de financiación estable y suficiente, y respetando el carácter finalista de la cuota de formación”, afirma Abad , “hacer lo contrario es perpetuar un sistema que ya es público y fehaciente que está enfocado al fracaso. Realmente no acabamos de entender que, pese a las recomendaciones internacionales, no haya ninguna señal por parte del nuevo Gobierno para corregirlo “.

Es por este motivo que la Cecot ya puesto sobre la mesa la posibilidad de dejar de pagar el 0,7% a los fondos de formación y sugerir crear un organismo bilateral con los sindicatos o bien que la financiación de la formación continua sea a cargo de cada empresa, si el actual Gobierno no cambia el modelo de gestión de la formación continua en el puesto de trabajo.

En los últimos años lo único que ha hecho es poner parches al modelo de la formación continua y no aportar soluciones. Y lo que es más grave, con la publicación de las diferentes normativas lo que se puede constatar es que se han construido de nuevo, universos paralelos e independientes del tejido productivo empresarial. Siguen sin resolverse los problemas que tenemos sobre la mesa las empresas y los trabajadores respecto a la formación y cualificación de los trabajadores / as respecto al paro juvenil. No existe una planificación global de los objetivos de calificación, ni tampoco una evaluación integral de los procesos y los resultados del conjunto de la formación profesional para el empleo.

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