Nota de Prensa.- El Ayuntamiento de Terrassa presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a raíz la inadmisión, por parte del Tribunal Supremo, del recurso de casación presentado en noviembre de 2017. Con este recurso de casación, la voluntad municipal era revertir las sentencias contrarias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre los contenciosos presentados por las entidades financieras multadas por no obedecer el requerimiento municipal de dar uso a sus pisos vacíos. El Supremo, sin embargo, dictó el pasado octubre una providencia por la que no se admite a trámite el recurso, por lo que el Gobierno Municipal, tras valorar la situación, ha optado por recurrir al Constitucional.

El Gobierno considera que hay argumentos para recurrir a la máxima instancia del sistema judicial español y que, aunque es difícil que el recurso prospere, hay que agotar las vías judiciales para intentar conseguir una sentencia favorable que consolide la vía de las multas coercitivas, que el Ayuntamiento de Terrassa puso en marcha de forma pionera en 2013. el Consistorio recurrirá al Constitucional al entender que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

En 2012, el Ayuntamiento de Terrassa empezó a desarrollar actuaciones para evitar la utilización anómala de las viviendas, en concreto su desocupación permanente e injustificada. Las actuaciones se centraron en la aplicación de las determinaciones contenidas en la Ley del Derecho a la vivienda, Ley 18/2007, mediante la apertura de un total de 1.176 expedientes hasta día de hoy. Actualmente, 822 de estos expedientes se han archivado, principalmente porque las viviendas objeto de expediente ya no están vacíos.

En 2013 el Ayuntamiento comenzó a imponer multas coercitivas, como medida de presión, a los grandes tenedores de pisos vacíos que ignoraban los requerimientos que el Consistorio les remitía para que dieran uso a sus pisos. Las entidades financieras han presentado hasta ahora 145 contenciosos administrativos por no pagar las multas. Los juzgados de primera instancia han fallado en el 80% de los casos a favor del Ayuntamiento, y las entidades financieras han recurrido en muchos casos al TSJC. Este tribunal comenzó a fallar sobre este tema el año pasado, y siempre en contra del Ayuntamiento.

La sentencia del TSJC que marcó el cambio de criterio judicial respecto a las multas coercitivas, emitida en noviembre de 2017, se basa en que, a partir de la interpretación que hace este tribunal de la Ley del Derecho a la Vivienda, los ayuntamientos no son competentes para tramitar expedientes de utilización ni, por consiguiente, para aplicar multas coercitivas. Según la sentencia, la ley no es suficiente declarar y el hecho de que la Generalitat no haya llevado a cabo el despliegue de la ley mediante la redacción de un reglamento no ha permitido aclarar este punto.

En este sentido, la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Servicios a las Personas y concejal de Vivienda, Eva Candela, ha reclamado una reforma legislativa que clarifique la Ley de Acceso a la Vivienda: “es urgente que la Generalitat impulse una reforma de la ley y que la desarrolle con un reglamento, y sobre todo, es fundamental que no haya ninguna duda o malinterpretación posible sobre las competencias municipales por qué, hoy por hoy, tenemos una ley que en la práctica no sirve para lo que debería servir “, ha dicho la concejala, quien ha añadido que” En toda una década, la

Generalitat no sólo no ha hecho avanzar la ley, sino que en 2011 la hizo retroceder con un recorte importante, y por ello los esfuerzos que se puedan hacer desde los ayuntamientos sirven de poco “.

Nuevas vías

En paralelo a las nuevas acciones judiciales, el Gobierno Municipal está trabajando en nuevas líneas de actuación para reducir el número de pisos vacíos en la ciudad, que es el objetivo por el que comenzó a imponer multas coercitivas hace cinco años. En este sentido, y mientras no haya sentencias favorables sobre las multas coercitivas, el Gobierno optará por abrir expedientes sancionadores, respecto a los que la Ley del Derecho a la Vivienda atribuye claramente la competencia a los ayuntamientos. Las dificultades de esta vía radican en el hecho de que para poder sancionar, el Ayuntamiento debe acreditar que se han cumplido una serie de requisitos relacionados con políticas de fomento, la mayoría de los cuales dependen de la Generalidad.

Sin embargo, los actuales expedientes por utilización anómala se continuarán tramitando, aunque sin requerimientos ni multas coercitivas, con el objetivo de efectuar declaraciones de utilizaciones anómalas de viviendas (y por tanto incumplimientos de la ley) y con los correspondientes advertencias de incoación de expedientes sancionadores. En caso de que finalmente hubiera sentencia favorable, se reanudarían los requerimientos de empleo y, en su caso, las multas coercitivas.