Prensa Cecot.- A partir de este mes de julio las empresas podrán destinar el 0,7% de su cuota íntegra del impuesto de sociedades a fines sociales, tal y como ya hace 25 años que existe en la declaración del IRPF. Esta casilla solidaria se estableció en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y con la liquidación definitiva del impuesto de sociedades del ejercicio anterior que las empresas deben hacer entre el 1 y el 25 de julio de este año , ya estará activada. Así pues, las empresas podrán destinar parte del impuesto a subvencionar causas y proyectos de interés social.

Según las provisiones de la Agencia Tributaria el impuesto de sociedades devengado el año pasado se situó en unos 24.401 millones de euros, lo que situaría una aportación aproximada de 170 millones de euros a fines sociales si las empresas marcan la casilla solidaria. En el caso de Cataluña la cantidad rondaría los 35 millones de euros.

Más allá de coincidir en que la medida, que no tiene ningún coste adicional para las empresas, pueda contribuir a lograr una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, desde la Cecot reivindicamos que la distribución y gestión de estos fondos se haga con criterios de proximidad territorial, tal y como el Tribunal Constitucional sentenció en enero de 2017 en relación a las bases reguladoras para las subvenciones derivadas del ingreso por IRPF. Y así lo hará saber esta semana al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dirigiéndole una carta para manifestar su desacuerdo por el hecho de que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social vuelva a centralizar la gestión de estos fondos sociales, desoyendo la inconstitucionalidad por invasión de competencias de las comunidades autónomas y limitando el número de entidades y proyectos sociales potenciales receptores de los fondos. Según el subsecretario del ministerio, Carlos Hernández, tienen previsto aprobar un Real Decreto a finales de año para convocar las primeras subvenciones para la primavera de 2020. Unas subvenciones que concederá la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y que se destinarán a promover la investigación, el desarrollo y la innovación en el Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

En este sentido, la Cecot teme que la mayor parte de los 170 millones de euros irán a manos de una minoría de gestores que operan en el ámbito estatal, limitando la tarea y la labor de una gran parte de organismos sociales que operan sobre terreno, con poca estructura y mucho voluntariado, con acciones que repercuten en el bienestar de los colectivos o las causas sociales, de manera directa.

El presidente de la Cecot, Antoni Abad, recuerda que “en España hay un tejido empresarial basado en pequeñas y medianas empresas que establecen fuertes vínculos con el entorno territorial más cercano. Este tipo de demografía empresarial reclama poder destinar la parte del impuesto de sociedades a proyectos sociales que conocen y les son cercanos, y en causas con las que se sienten involucrados. Todavía es hora de conocer públicamente dónde y cómo se han destinado los fondos sociales recaudados por la casilla del 0,7% del IRPF “.

Abad insiste en que “los políticos parece no darse cuenta de que la sociedad en general, y el empresarial en particular, está reclamando más apoderamiento social y esto significa tomar conciencia de la responsabilidad de administrar bien recursos que son escasos y querer conocer donde sus aportaciones y la repercusión y beneficio social que suponen. En este caso del impuesto de sociedades, si van a sufragar grandes estructuras o si realmente esa aportación tiene una incidencia directa sobre el bienestar social de personas “.

El empresariado de la Cecot considera necesario, y por justicia, que la distribución de los fondos generados por el tejido pyme tenga un impacto directo sobre el entorno en el que se desarrolla su actividad. El donante conoce los proyectos, sabe dónde van sus recursos y percibe la proximidad como un elemento de eficiencia de aquellos recursos porque tiene más conocimiento.

En la era de la responsabilidad social, es importante tener presente el empoderamiento de las personas para decidir dónde van sus recursos y si los valores del donante y el receptor coinciden. Y eso pasa por distribuir los fondos recavats por la casilla de empresa solidaria de manera descentralizada, de hecho las competencias sociales están delegadas a los territorios por lo tanto, es una incoherencia que la aportación social del IS vuelva a concentrarse. En el caso de Cataluña, como en otras Comunidades Autónomas, existe un Registro Oficial de Entidades Sociales a las que se les exigen unos requisitos legales y en las que auditan y evalúan, por tanto, ya hay mecanismos para garantizar un buen uso de los fondos y sólo hay que acordar el marco común de gestión territorializada.

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