Prensa Consejo Comarcal.- El Consejo de alcaldías del Vallès Occidental ha aprobado hoy declarar la emergencia climática en la comarca. Esta declaración quiere ser el marco donde activar, lo antes posible un Plan Supramunicipal de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire y la creación de una mesa política comarcal y todas las acciones que se deriven, incidiendo también en la sensibilización a la ciudadanía. Este es uno de los acuerdos del Consejo de alcaldías de hoy, que también ha aprobado el cambio de denominación de este órgano y que ha reafirmado que los ayuntamientos de la comarca no pagarán la deuda de las compañías eléctricas. Este ha sido el primer Consejo de alcaldías del mandato 2019-2023.

El presidente del Consejo Comarcal, Ignacio Giménez, explicó que “este acuerdo no es un mero formalismo institucional y por tanto ponemos en marcha los trabajos para redactar el plan de medidas y actuaciones. Constituiremos una mesa técnica y política porque debemos tener claro que la calidad del aire es una problemática conjunta, de todo el territorio, no se acaba en un término municipal u otro. Es esencial la coordinación de las medidas que se tomen y que afectarán a todos los municipios “.

El Consejo de alcaldías ha acordado instar al Consejo Comarcal a iniciar los trámites para la redacción y aprobación del Plan Supramunicipal de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire. Y también, instar al Consejo Comarcal a la creación de una mesa política comarcal que impulse la elaboración de dicho plan, conjuntamente con los ayuntamientos de la comarca no incluidos ya en ningún otro plan supramunicipal, que identifique las medidas a emprender, su temporalización, eventual financiación y resultados esperados. Asimismo, hará seguimiento y la evaluación y determinará el / los grupos de trabajo que se puedan derivar para llevar a cabo el encargo.

En el acuerdo aprobado hoy también se insta al Consejo Comarcal a desarrollar la estrategia de manera coordinada con el Vallès Oriental en el marco de la estrategia de acuerdos y col • colaboración entre las dos comarcas, y también en colaboración con el Barcelona, ​​y en coordinación con el Comité Estratégico del PEMV (Plan Específico de Movilidad del Vallès), dada la problemática común que afecta el eje Barcelona-Vallès. Otro punto del acuerdo es solicitar a la Generalidad de Cataluña y la Diputación de Barcelona soporte técnico, económico y político a esta iniciativa.

El presidente del Consejo, Ignacio Giménez ha explicado que “como territorio, podemos declarar la emergencia climática consensuadamente, más allá de que cada municipio lo acabe haciendo de manera individual. Pero sabiendo que este es un tema que es y será en la agenda política de todos los municipios de la comarca, creo que la primera sesión del Consejo de alcaldesas y alcaldes debe ser coherente y responsable, haciendo esta declaración para poder activar de seguida el Plan Supramunicipal de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire y la creación de una mesa política comarcal y todas las acciones que se deriven. Sabemos que son pioneros como territorio y queremos serlo, porque por nuestra situación y las características de la comarca somos especialmente vulnerables “.

En el acuerdo del Consejo de alcaldías se manifiesta que “hay que definimos las estrategias que tenemos que llevar a cabo como territorio y comenzar su implantación, de forma consensuada y ordenada para garantizar su efectividad. No nos podemos dormir y no nos queremos dormir. Tenemos prisa y por eso hemos creído que este tema debía ser capital en este mandato que hoy empezamos con la Constitución del Consejo de alcaldesas y alcaldes. La contaminación atmosférica local tiene un ratio de afectación territorial muy reducido pero puede llegar a tener una afectación directa sobre la salud de las personas “.

Giménez ha añadido que “la única manera de combatir la contaminación atmosférica local se actuando sobre los focos emisores de las zonas afectadas que en todo el mundo coinciden con aglomeraciones urbanas económicamente dinámicas. Tendremos que hablar de medidas ya previstas en el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire, horizonte 2020, como por ejemplo movilidad sostenible, los usos de la vía pública, los vehículos de los ayuntamientos, las zonas de carga y descarga, la regulación semafórica, mejorar la recogida de escombros y residuos de la construcción, la promoción caminos escolares y la economía circular, entre muchas otras cuestiones “.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmado que “desde Sabadell queremos impulsar junto con el Consejo y el resto de ayuntamientos las medidas necesarias para actuar ante la emergencia climática. Los días 24 y 25 de octubre coorganiza el 1º Congreso por la Calidad del Aire para explorar soluciones técnicas para que no sólo se trata de hacer declaraciones sino de hacer actuaciones concretas “.

Por su parte, el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha afirmado que “es muy importante que desde los diferentes municipios de una comarca con el peso económico del Vallès Occidental se coordinen esfuerzos que puedan sumar para la mejora de la calidad del aire. En el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona se toman medidas que tienen impacto en todos nuestros municipios, así que tenemos que ir coordinados y hemos de poder participar en estas decisiones “.

El Barcelona tiene declarados 12 de sus 23 municipios como zona de protección especial del ambiente atmosférico para superar los niveles de contaminación en dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10), según el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire de la Generalidad de Cataluña, aprobado en septiembre de 2014. Estos son los municipios de Badía del Vallés, Barberá del Vallés, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, y Terrassa.

La contaminación atmosférica de los 40 municipios de la Región Metropolitana de Barcelona es una contaminación local que tiene una afectación a reducida en extensión en Cataluña, sólo afecta al 2,3% del territorio, pero en cambio, afecta a un 60% de la población catalana : más de 4,6 millones de habitantes.

Las administraciones locales, en el marco de sus competencias, han comenzado a implementar estrategias en este sentido. También algunos municipios de la comarca. Por ejemplo, siete de los municipios que están en la zona de protección especial participan en el Programa Metropolitano de medidas contra la contaminación atmosférica del Área Metropolitana de Barcelona. Por parte del Consejo Comarcal del Vallès Occidental, éste tiene incluido en su Plan de Actuación Comarcal (PAC) 2.016-2.020 vigente, en el eje central de intervención Eje 3 “Medio ambiente y sostenibilidad”, el programa “Calidad de la aire “, con la línea de trabajo” Para luchar contra el cambio climático “.

A pesar de las medidas que se han comenzado a implementar, el mes de julio, la Comisión Europea ha abierto la vía hacia una posible sanción en España por el incumplimiento sistemático de los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2) a las zonas urbanas de Madrid, Barcelona y del Vallès-Baix Llobregat.

El Consejo Comarcal ha participado en las diferentes cumbres de la calidad del aire que ha convocado el gobierno catalán y en las reuniones de urgencia convocadas este verano, donde se han puesto sobre la mesa medidas que se podrían aplicar los próximos meses. También se ha puesto sobre la mesa la nueva ley

El Consejo Comarcal se sumará al movimiento Friday for future y que durante la semana del 20 al 27 de septiembre llevaremos a cabo una campaña de sensibilización a nivel comarcal en el marco de la #week for future. También estaremos en la manifestación convocada el día 20 de septiembre a nivel comarcal en Sabadell y apoyaremos las convocatorias de huelga mundial por el clima del día 27 de septiembre.

Acuerdo en relación a la lucha contra la pobreza energética

El Consejo de alcaldías hamanifestado hoy que los ayuntamientos del Vallès Occidental no asumirán las deudas generadas por las compañías energéticas. También se ha aprobado un acuerdo donde se insta al gobierno de la Generalitat a tomar el liderazgo político en la defensa de los derechos energéticos, especialmente los y las ciudadanas más vulnerables, trabajando de manera transversal para hacer cumplir la ley.

El presidente del Consejo, Ignacio Giménez, “los ayuntamientos del Vallès Occidental estamos de acuerdo en que debemos negar a pagar los deuda”. La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmado que “hemos condenado el cómo y el cuándo de la carta de Endesa y queremos hacer frente para garantizar que no se corte el suministro a ninguna familia”. Por su parte el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha afirmado que “a pesar de que el Consejo de alcaldías tenemos visiones diferentes sobre quién debe hacer frente a la deuda acumulada, quiero destacar la unanimidad de los Alcaldes en manifestar que los ayuntamientos del Barcelona no asumiremos las deudas generadas por las compañías eléctricas “.

En el acuerdo del Consejo de alcaldías se reclama a las compañías energéticas que cumplan todos los puntos de la Ley 24/2015 en cuanto a Pobreza Energética y que no lleven a cabo prácticas comerciales abusivas.

También se solicita a la Generalidad de Cataluña el desarrollo de la ley 24/2015 así como la aprobación de normativas que regulen el acceso a unos servicios mínimos energéticos familias vulnerables: UN MÍNIMO DE 2’3Kw de potencia máxima y un bono social real por tramos según la lava para personas vulnerables.

Otro punto del acuerdo es instar a las compañías energéticas a elaborar -conjuntamente con el Consejo comarcal- un protocolo de atención a las familias vulnerables ágil para todas las partes, compañías, familias vulnerables y Servicios sociales, facilitando los trámites e incluyendo acuerdos de pago por estas familias, tal como ya se solicitó a Endesa el mes de junio durante la reunión de la ‘Comisión técnica Comarcal de Gestión Energética Social.

Y tal como propone la Comisión técnica Comarcal de Gestión Energética Social ‘, se ha aprobado también solicitar a las compañías energéticas que, respecto a las familias vulnerables, la misma compañía de oficio estudie la situación y ajuste la factura al consumo real con medidas como mantener o cambiar a mercado regulado y PVPC (no realizar ningún cambio en el mercado libre), bajar la potencia a las necesidades reales del domicilio e incorporar o bien dejar de facturar servicios accesorios (mantenimiento y otros).

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