Prensa Cecot.- La patronal Cecot hizo llegar ayer al Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un pliego de enmiendas al proyecto de Circular de la CNMC por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

Desde que el año 2014 el Ministerio de Energía del Ejecutivo de ese momento decide sacar a la CNMC las competencias para fijar los peajes de la luz y del gas, la patronal Cecot ha estado reivindicando y defendiendo sistemáticamente el retorno de la gestión en manos de la CNMC como órgano regulador independiente. El actual Gobierno, a dictamen de la Comisión Europea, devolvió las competencias a la CNMC el mes de enero. Es por la defensa que la Cecot hace de la CNMC como órgano regulador legitimado para el establecimiento de los peajes eléctricos que ha hecho llegar un documento de alegaciones que “pretenden mejorar la propuesta de la CNMC”, afirma Antoni Abad, presidente de la Cecot, “vemos en esta propuesta una oportunidad para acercarnos a los modelos europeos, sin miedos ni reservas”. Abad añade que “los peajes eléctricos han sido y siguen siendo un caballo de batalla para las organizaciones empresariales como la nuestra. Junto con otras asociaciones hemos denunciado en más de una ocasión y en diferentes instancias de la administración, locales, estatales y europeas, que la arbitrariedad en el precio de la electricidad es un tiro directo a la línea de flotación de las empresas y perjudica gravemente su competitividad “.

El proyecto de circular de la CNMC desatiende las demandas del sector productivo en relación al sobrecoste injustificado de tarifa para las empresas conectadas a redes hasta 25kV

El pasado mes de julio la patronal Cecot, la Confederación Catalana de la Madera, CEDAC, Retailcat, Federación Empresarial del Metal, AEPCRO, Centro Metalúrgico, Gremio de Talleres de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios de Sabadell y Provincia de Barcelona , Instituto Industrial de Terrassa y la Unión Empresarial Metalúrgica van hecho llegar una carta al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, José María Marín Quemada, donde le dieron a conocer lo que ya venían denunciando desde el año 2014 raíz del Real decreto 1054/2014, las actuaciones del Gobierno de España en relación a la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas. En la carta las entidades reclamaban a Marín que corrigiera de manera urgente e inmediata la discriminación tarifaria de las empresas conectadas hasta 25kV ya que la situación actual no responde a la realidad de las instalaciones ni los costes que repercuten sobre el sistema. La decisión tarifaria sobre la conexión hasta 25kV es totalmente arbitraria y por sí mismo discriminatoria, además de permitir subvenciones cruzadas en diferentes niveles de tensión, atenta directamente la competencia.

Desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas catalanas tienen que soportar en su actividad, principalmente industrial, sin que se haya implementado ninguna medida correctora por parte del Gobierno. El coste anual de esta injusta situación supera los 300 millones de euros anuales y que afecta a más de 3.200 empresas radicadas en Cataluña. Y no sólo pasa en Cataluña, hay empresas en otras regiones de España que también se ven afectadas sin ninguna razón objetiva para el agravio. “No tiene sentido que el mismo coste de inversión y reconocimiento del mismo coste de mantenimiento de las redes de 24kV y 36KV tenga un tratamiento tarifario diferente en función de la red donde está conectado cada usuario. En el caso de los usuarios conectados a redes de hasta 25kV están pagando un sobre coste adicional de cerca de un 50% sin motivo técnico que lo avale “, explica Abad.

A pesar de la demanda continuada de ajustar el precio de los peajes de distribución eléctrica de las empresas manufactureras (conectadas hasta 25 KV) a criterios técnicos y objetivos, la circular preparada para la CNMC para los cambios de tarifas desatiende totalmente la petición de una buena parte del sector productivo industrial y de ahí que una de las enmiendas presentadas sea la de añadir un tramo más a los niveles de tensión de la estructura tarifaria, que contemplara la tensión entre 24 y 36KV o, alternativamente rebajar el nivel de tensión NT2 hasta los 24kV.

Enmiendas por un modelo de tarifas eléctricas en España equiparables a las de la media europea

La determinación de la estructura de peajes es fundamental por dos motivos básicos: por un lado define el precio final de la energía para el consumidor (con lo que se contribuye al objetivo de accesibilidad de toda política energética); por otra parte, da señales económicas para la toma de decisiones de los diferentes agentes (generación, transporte, distribución y consumo) a la hora de plantear las inversiones necesarias para garantizar la calidad y seguridad de suministro y conseguir los objetivos de la transición energética (PNIEC).

En este sentido, y con el ánimo de dar una mejor respuesta a los retos de la transición energética del sistema eléctrico español, desde la Cecot se valora positivamente el hecho de establecer una metodología para establecer tarifas en vez de dejarlo a la arbitrariedad del momento o los agentes. Sin embargo, en el documento de enmiendas, la organización empresarial pide a la CNMC que esta metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución debería priorizar el término variable del coste total respecto del término fijo para favorecer la descarbonización recuperando los porcentajes anteriores a las subidas de 2012-2015. Antes de 2012 el porcentaje del término fijo sobre el total de la tarifa era de un 25% aproximadamente para un consumidor medio. En la actual propuesta de la CNMC el peso del término fijo de los peajes de red se establecerá para un consumidor medio de una tarifa 2.0A, por poner un ejemplo, en un 91% dejando un margen irrisorio para el incentivo de medidas de eficiencia energética (el 9%) que supone el término variable.

Si comparamos las tarifas a nivel internacional, España está por encima de la media europea y el alto peso del término fijo la hace ser una anomalía, además este término fijo, en el conjunto de la factura para un consumidor doméstico tipo, está muy por encima de la media Europea.

Este elevado peso del término fijo también reduce el ahorro económico que implicaría el ahorro energético y, en este sentido, desde la Cecot se considera que la tarifa eléctrica debería incentivar la implementación de medidas de eficiencia energética, desarrollo de la autoconsumo o el vehículo eléctrico. Si un consumidor paga un precio alto simplemente por el hecho de estar conectado (término fijo) y no ve que el coste del suministro no es sensible a los consumos que efectúa, pierde todo el incentivo y la motivación a aplicar medidas para reducir el consumo.

“En definitiva, que si lo que se quiere es incentivar la transición energética y las medidas del PNIEC sería conveniente reducir el término fijo e incrementar el variable”, resume Abad. Por otro lado, el establecimiento de un término de potencia elevado hace difícil que la economía pase de la descarbonización hacia las renovables eléctricas (y no eléctricas). Si no existiera un límite fijado por la potencia que se contrata, se podrían crear verdaderas comunidades energéticas, agrupando todos los consumos, compartiendo la generación y la autogestión de manera localizada y con criterio de proximidad.

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