Prensa Cecot.- La directora general de Planificación y Estudios Fiscales de la Generalidad de Cataluña, Montse Peretó, explicó en la sede de la Cecot que este impuesto aprobado en 2017 ha superado una suspensión del Tribunal Constitucional por lo que se ha habilitado un plazo extraordinario, entre el 1 de octubre y 30 de noviembre de este año, para presentar e ingresar las autoliquidaciones correspondientes a los años ya devengados, 2017, 2018 y 2019.

Según Peretó, los objetivos del impuesto son desincentivar las posibles estrategias de elusión fiscal consistentes en trasladar patrimonio personal a estructuras societarias, incentivar un uso más productivo de los activos y contribuir a una cierta redistribución, ya que los sujetos pasivos que tienen un mayor volumen de activos no productivos estarán sometidos a una mayor presión fiscal.

Los elementos para que se dé el hecho imponible son tres: la tenencia, que no equivale a la propiedad, los activos, que estos activos sean considerados como no productivos y que estén situados en Cataluña.

Los activos no productivos pueden tener diferentes naturalezas, bienes inmuebles, vehículos de motor de potencia igual o superior a 200 cv, embarcaciones de recreo, aeronaves, determinados objetos de arte y antigüedades y joyas. No se consideran improductivos en todo caso los activos destinados al uso y disfrute de trabajadores no propietarios, no socios o no partícipes y que constituyen rendimiento en especies, así como los activos que se destinan a servicios económicos del personal al servicio de la actividad.

La entrada en vigor de la autoliquidación de este impuesto ha generado muchas dudas entre las empresas asociadas a la Cecot. Estas cuestiones se han debatido ampliamente en un coloquio al final de la sesión moderado por Enric Rius, asesor fiscal de la entidad. Una de ellas, que se destaca como principal conclusión, era conocer el criterio de la Administración en relación a la consideración de que se haría de las conocidas como “sociedades patrimoniales”, es decir, sociedades que son tenedores de activos puestos en el mercado de alquiler, pero sin una estructura empresarial detrás. El criterio que la directora ha trasladado a los asistentes es que este tipo de sociedades no cumplen los requisitos exigidos por la norma para ser considerados sujetos pasivos del impuesto y, por tanto, no tendrán que hacer ninguna declaración en relación al Impuesto sobre Activos no Productivos

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