Prensa Generalitat.- El Consejo Catalán de la Función Pública ha dado el visto bueno a la propuesta de la Generalitat de extender a todas las administraciones catalanas la movilidad laboral para las trabajadoras públicas víctimas de violencia machista. La adhesión a esta medida se hará mediante convenios que permitirán la movilidad interadministrativa. De este modo, la Generalitat podrá facilitar puestos de trabajo para las trabajadoras de los entes locales que hayan sido víctimas de violencia machista o que tengan a su cargo niños víctimas de maltrato.

El Gobierno de la Generalitat aprobó el mes de septiembre un acuerdo para tramitar con carácter urgente, en un máximo de tres días, el procedimiento de movilidad para estas trabajadoras y garantizar, al mismo tiempo, que el cambio de puesto de trabajo no implique una pérdida de ingresos y no suponga perjuicio para su carrera profesional. Asimismo, el Gobierno se comprometió a extender esta medida al resto de las administraciones públicas catalanas.

El Consejo Catalán de la Función Pública se ha reunido esta mañana a petición del consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, después de no hacerlo desde el 2010. El Consejo Catalán de la Función Pública es un órgano superior co do de consulta y participación en materia de función pública sobre cuestiones que pueden afectar al conjunto de las administraciones públicas catalanas. Lo preside el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, están representadas la Administración de la Generalitat, las administraciones locales y las organizaciones sindicales y se reúne a petición de alguna de las partes.

Durante la reunión, el consejero Puigneró también ha informado al Consejo de las últimas medidas de conciliación y en materia de función pública aprobadas por el Gobierno de la Generalitat, como la incorporación progresiva en el lugar de trabajo para los empleados y empleadas públicos tras un tratamiento oncológico o de una enfermedad de especial gravedad, y la extensión a la totalidad del sector público del Programa DIL de integración laboral para personas con discapacidad intelectual.

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