Nota de Prensa.- La propuesta de presupuesto municipal que debatirá mañana el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa contempla partidas por 550.000 € destinadas a adquisición de vivienda para alquiler social. Este es la primera vez que el presupuesto de inversiones municipal contempla una dotación específica para este concepto. Las partidas destinadas a la adquisición de vivienda provienen tanto del presupuesto corriente (250.000 €) como del presupuesto de inversiones (300.000 €).

Aparte de estas partidas específicas para la compra de vivienda, la propuesta de presupuesto del Gobierno incluye también 70.000 € para ayudas a la rehabilitación de viviendas y en las obras destinadas a acondicionar viviendas para personas mayores; y mantiene las partidas ordinarias para otras líneas de actuación como la Oficina Municipal de Atención a la Pobreza Energética y Promoción Eficiencia Energética.

El incremento de recursos para políticas sociales de vivienda es uno de los rasgos de identidad de una propuesta de presupuesto municipal diseñada a partir de las prioridades que marca el programa de gobierno: la limpieza, la movilidad, la atención a las personas (destacando políticas sociales y educación) y el cuidado del espacio público, entre otros ámbitos. La propuesta cifra el presupuesto corriente en 208,09 millones de euros, un 5’07% más que el de 2019. El presupuesto de inversiones sería de 9 millones de euros, y el consolidado, que incluye presupuesto corriente, inversiones y sociedades municipales, alcanza los 257,03 millones, un 5.2% más que el anterior.

La voluntad del Gobierno municipal es continuar comprando vivienda cada año para incrementar el parque municipal destinado a alquiler social. En este sentido, el Plan Local de Vivienda que se elevará al Pleno antes de que acabe el año, contempla la adquisición de pisos cada uno de los seis años de aplicación del Plan.

Incremento del IBI a partir de dos viviendas desocupadas

En la misma línea de trabajar para incrementar el parque de viviendas disponible, la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2020 incluye como novedad un recargo del 50% en el IBI a inmuebles de uso residencial desocupados durante más de 2 años. Este recargo se aplicará cuando la propiedad tenga un mínimo de dos viviendas vacías.

El Ayuntamiento comprobará la ocupación de los inmuebles a partir de los datos de consumo de agua, del padrón municipal de habitantes y otras bases de datos municipales mediante las que se pueda tener constancia de la desocupación permanente y liquidará este recargo, si se procede, a 31 de diciembre de cada año, previo aviso a la propiedad para que pueda presentar alegaciones si lo considera oportuno. Se admitirán exenciones por causas justificadas y demostrables como ausencia por trabajo, herencia reciente o empleo ilegal.

Con esta medida, el Gobierno municipal quiere penalizar quien tenga varias viviendas en condiciones de ser habitadas y no las ponga en el mercado, con el perjuicio que los pisos vacíos suponen para las comunidades, las calles y los barrios de la ciudad.